Desde que empezaron
las obras en el parque Alberdi en nuestra ciudad, muchos ciudadanos y
ciudadanas nos acercamos para informarnos sobre lo que pasaba en nuestro
parque.
En principio las vallas que tapaban lo que adentro sucedía junto a la desaparición de los árboles de la de la plaza, fue lo que movilizó la preocupación frente a la obra que se plantea desde el municipio. Si bien el año pasado desde algunos medios locales se habían dado a conocer algunas de las premisas de intervención, nunca desde ningún tipo de dependencia municipal, nadie nos contó que iba a pasar en el parque Alberdi: ninguna Asamblea Ciudadana, ninguna Audiencia Pública, ninguna herramienta participativa o de mera información que incluya a los que habitamos Santa Fe, acerca de qué proyecto se plantearía en este lugar.
Sin embargo, estos procesos que hoy nos sorprenden, y nos alertan, datan de largo tiempo cuando los actores que habían comenzado a darle un significativo uso al parque (los puesteros), comenzaban a ser expulsados del lugar dando inicio a lo que desde el municipio se presentó como un proceso de "recuperación (?) para todos (?)": “no quieren que se note la pobreza” decían los dueños de los puestos que finalmente “relocalizarían” en el local de calle Rivadavia. En dicha oportunidad, el Municipio se valió de las denuncias realizadas por los vecinos (como en el Birri) para dar inicios a un ambiente de “convivencia ciudadana” por ser estas denuncias afines a sus intereses, lo cual se constituye en un caso contrario a lo que sucede en esta oportunidad donde se hace oído sordos a los reclamos de los ciudadanos, dando cuenta que cuando desde el municipio se habla de participación ciudadana, no se trata de una apuesta política fuerte, sino acomodaticia y conveniente.
Expulsión,
relocalización y privatización es una secuencia que se repite en las lógicas
municipales cuando se interviene en la ciudad. Lo que reconocemos hoy en Parque
Alberdi, lo reconocemos desde hace tiempo en barrios como Playa Norte y Bajo
Judiciales donde se aplicaron modalidades de desalojos violentos por parte del municipio
a fin de liberar el área para inversiones privadas, en todas las intervenciones
realizadas en Alem y el puerto en base a imposiciones municipales que
privilegian una vez más al privado, en algunos otros intentos en la Vuelta del
Paraguayo, El Pozo, Estación Belgrano, o “El Birri”, donde replicando una y
otra vez más las mismas lógicas se beneficia a pocos.
Deslegitimación,
confusión y autoritarismo son las respuestas que reciben los justos reclamos a
un sistema representativo de los intereses económicos de unos pocos. Evasivas
que simplifican el ejercicio de la ciudadanía a ‘un reclamo ambientalista’,
como si en lo ambiental se agotara la problemática, como si no se tratase de la
entrega de un bien público.
La reflexión que
nos queda es también como parte de la ciudad que abrazamos, y aquella que no:
cuántos de los mil quinientos vecinos que nos hicimos presente el 20 de Junio
en el Parque, hicieron lo mismo cuando la misma topadora pasó por las viviendas
de Playa Norte u otros barrios de la ciudad. Se trata también de evidenciar qué
derechos nos duelen y movilizan cuando se vulneran y cuáles no.
La ciudad la construimos
entre todos, y es en el marco de esa convicción que necesitamos hacernos
presentes en cada una de las demandas, en cada una de las omisiones que
impliquen vulnerabilidades, pero sobre todo, en cada una de las propuestas que
permitan revertir las condiciones de inequidad que esa construcción –desde la
lógica imperante- materializa y reproduce.
Interesante análisis que comparto casi por completo. No así donde dice "los actores que habían comenzado a darle un significativo uso al parque (los puesteros)". Reconozcamos que ese "significativo uso" era más bien un "abuso" y que el Estado debía recuperar plenamente el espacio como público aunque, desde luego, NO para entregárselo a otros privados sólo porque se trajeran entre manos otros negocios, tanto más lucrativos cuanto lesivos para los bienes comunes.
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